La vicepresidenta del gobierno español recibió este jueves en Madrid a dos dirigentes independentistas catalanes en el marco de las múltiples reuniones para avanzar en el complicado diálogo iniciado por Pedro Sánchez al llegar al poder en junio.
A pesar de la desconfianza mutua y las posiciones enfrentadas sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña, el ejecutivo socialista y el gobierno regional catalán mantienen sus encuentros para reconstruir unas relaciones rotas con el intento de secesión de 2017.
Así, la número dos de Sánchez, Carmen Calvo, se reunió con el vicepresidente y la portavoz del gobierno catalán, Pere Aragonés y Elsa Artadi, que reclaman la creación de una mesa estable de negociación.
Las partes abordaron la posibilidad “de establecer dos espacios de diálogo diferenciados: uno entre gobiernos (…) y otro entre partidos [catalanes], todavía por concretar”, señalaron en un sucinto comunicado conjunto.
El diálogo entre las formaciones políticas de esta región, dividida a partes iguales entre partidarios y detractores de la independencia, es una de las condiciones de Sánchez para seguir adelante con la negociación.
En el comunicado también anunciaron una segunda reunión en Barcelona para la próxima semana.
Este encuentro llega un mes después del celebrado el 20 de diciembre en Barcelona entre Sánchez y el presidente catalán, Quim Torra, en la que acordaron mantener “un diálogo efectivo” y “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña”.
La cita se solapa con la negociación del proyecto de presupuestos para 2019 del gobierno español, que apenas cuenta con 84 diputados de 350 en el Congreso.
Su aprobación requiere del apoyo de los independentistas catalanes que reclaman como contrapartida una solución al conflicto.
“La probabilidad de que se tramiten estos presupuestos es muy baja”, señaló el martes Elsa Artadi.
Más todavía después de la detención el miércoles de 13 activistas y dos alcaldes independentistas, así como un fotoperiodista, por cortar una línea ferroviaria de alta velocidad el 1 de octubre, aniversario del referéndum ilegal de autodeterminación celebrado en 2017.
El gobierno regional anunció que “presentará una denuncia contra la actuación policial” al entender que son detenciones ilegales al no haber sido ordenadas por la justicia.
Si bien la llegada de Sánchez al poder en junio propició una reanudación de las relaciones entre Madrid y Barcelona, los avances son escasos ante las posiciones enfrentadas sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Además, estos contactos son duramente criticados por la oposición de derechas que acusa al dirigente socialista de ceder ante los separatistas para mantenerse en el poder.
Las relaciones se pueden tensar en las próximas semanas con el inicio del juicio por rebelión en el Tribunal Supremo contra la antigua cúpula independentistas, con penas solicitadas de hasta 25 años de cárcel.
