La coordinación nacional de derechos humanos, compuesta por varias organizaciones marroquíes, expresó su solidaridad absoluta con los residentes del complejo portuario de la ciudad de M’diq, denunciando lo que calificó como “prácticas arbitrarias e inhumanas” que acompañaron los desalojos forzosos y los cortes de agua y electricidad, en violación evidente de las disposiciones legales y constitucionales.
En un comunicado contundente, la coordinación afirmó que lo ocurrido constituye una violación grave de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente del derecho a la vivienda, a la dignidad y a una vida segura. Señaló que las medidas se tomaron fuera de cualquier procedimiento legal transparente y sin respetar los principios básicos de equidad.
Asimismo, cuestionó quién emitió las órdenes de desalojo y su legalidad, exigiendo la apertura inmediata de una investigación independiente, el establecimiento de responsabilidades y la rendición de cuentas de todos los implicados, tanto en la toma de decisiones como en su ejecución.
El comunicado también pidió el restablecimiento inmediato del suministro de agua y electricidad, así como la indemnización moral y material de los afectados, en conformidad con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, y con las altas directrices reales que hacen hincapié en proteger la dignidad ciudadana.
La coordinación concluyó reafirmando que la dignidad del ciudadano es una línea roja, responsabilizando plenamente a las autoridades pertinentes por las consecuencias sociales y jurídicas de estos actos, y haciendo un llamado urgente a poner fin a estas violaciones y restaurar los derechos de los perjudicados.
