Las enmiendas presentadas por los consejeros parlamentarios al proyecto de ley orgánica n.º 97.15, que establece las condiciones y modalidades del ejercicio del derecho a la huelga, según la versión aprobada por la Cámara de Representantes, se centraron en la inclusión de un preámbulo, la precisión de la definición de huelga y su aplicación, así como en la clarificación de varias disposiciones esenciales, además de determinar las categorías de trabajadores y profesionales con derecho a este derecho constitucional.
Durante la sesión celebrada este viernes por la Comisión de Educación, Asuntos Culturales y Sociales, en presencia del ministro de Inclusión Económica, Pequeñas Empresas, Empleo y Competencias, Younes Sekkouri, los grupos parlamentarios y las representaciones sindicales y profesionales subrayaron la importancia de este texto legislativo como marco regulador de las relaciones laborales, garantizando el derecho a la huelga en los sectores público y privado para diversas categorías de trabajadores y profesionales.
La Unión Marroquí del Trabajo (UMT), la Confederación Democrática del Trabajo (CDT) y la Unión Nacional del Trabajo en Marruecos (UNTM) propusieron enmiendas para añadir un preámbulo al proyecto de ley orgánica, justificando su inclusión por la necesidad de clarificar los conceptos relacionados con el ejercicio del derecho a la huelga, haciendo referencia a las disposiciones constitucionales que lo regulan, así como a los convenios internacionales pertinentes, en particular el Convenio fundamental n.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y la protección del derecho sindical.
En respuesta a estas propuestas, el ministro Sekkouri expresó reservas sobre la inclusión de un preámbulo, argumentando que es complicado incluir disposiciones específicas en un preámbulo. No obstante, propuso ampliar las consultas jurídicas para alcanzar un consenso que podría presentarse en la sesión plenaria.
Tras la solicitud del ministro a los grupos mayoritarios de retirar sus enmiendas al artículo 1 para permitir un consenso, la propuesta de añadir un preámbulo fue rechazada por la mayoría de los consejeros parlamentarios presentes.
En cuanto al título del primer capítulo, titulado “Definiciones”, el ministro propuso añadir “Ámbito de aplicación”, para que pase a ser “Definiciones y ámbito de aplicación”, y eliminarlo del título del segundo capítulo. Esta enmienda fue aprobada con 12 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
Respecto al artículo 2, que define la huelga y sus categorías, el ministro aceptó parcialmente algunas enmiendas propuestas por los grupos y sindicatos. Estas modificaciones incluyen, entre otras, la definición de la huelga como una interrupción temporal del trabajo, la inclusión de los derechos morales como motivo de huelga, su ejercicio en defensa de los intereses indirectos entre los empleados y el empleador, y las categorías involucradas.
Tras los debates, Sekkouri propuso un compromiso sobre la reformulación del artículo 2, que fue aprobado con 12 votos a favor y 5 en contra.
La enmienda ahora define la huelga como “una interrupción temporal total o parcial del trabajo, decidida por la entidad convocante de la huelga, ejercida por un grupo de trabajadores en relación directa o indirecta con la empresa, institución, servicio público o por un grupo de profesionales, en defensa de un derecho o un interés económico, profesional o moral vinculado a las condiciones laborales”.
Sobre el artículo 3, que define varios conceptos, los consejeros parlamentarios propusieron enmiendas, incluyendo la ampliación de la definición de “trabajador” para incluir todas las categorías de empleados y todas las formas de relaciones laborales, la eliminación de la exclusión de los empleados de instituciones públicas de carácter industrial o comercial del derecho a la huelga, y la eliminación de las definiciones de “obstrucción a la libertad de trabajo durante la huelga” y “ocupación de los lugares de trabajo”.
El ministro aclaró que, para evitar cualquier ambigüedad, la definición de trabajador incluiría ahora “el asalariado, el funcionario, el agente, el empleado, el contratado y cualquier persona que realice un trabajo remunerado bajo la dirección de un empleador con quien mantenga una relación laboral directa en el sector público o privado”.
En cuanto al sector privado, se definió como “las personas físicas y jurídicas, excluyendo a aquellas mencionadas en la definición del sector público, que emplean a una o más personas”, mientras que el término “sindicato” se sustituyó por “organización sindical” en la definición de las entidades convocantes de huelga.
Sobre los servicios esenciales, que fueron objeto de extensas discusiones, el ministro indicó que se refieren a “las actividades realizadas por profesionales o servicios del sector público o privado, o de ambos, que prestan un servicio esencial cuya interrupción total o parcial pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas”.
En cuanto a las definiciones de “obstrucción a la libertad de trabajo durante la huelga” y “ocupación de los lugares de trabajo”, la UMT propuso su eliminación, mientras que la Unión General de Trabajadores de Marruecos (UGTM) propuso eliminar solo “ocupación de los lugares de trabajo”, en consonancia con las recomendaciones del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Para aclarar algunos conceptos, el ministro explicó que:
- “Obstrucción al ejercicio del derecho de huelga” significa “cualquier acto demostrado que impida el ejercicio del derecho de huelga”.
- “Obstrucción a la libertad de trabajo durante la huelga” significa “cualquier acto demostrado que impida el acceso a los lugares de trabajo o impida a los trabajadores no huelguistas realizar su actividad”.
- “Ocupación de los lugares de trabajo” se refiere a “cualquier acto que impida la libertad de trabajo de los empleados no huelguistas o la continuidad de las actividades de la empresa, institución o servicio público, especialmente bloqueando la entrada y salida de mercancías, equipos y personas”.
Finalmente, el ministro propuso definir “la plataforma reivindicativa” como “toda reivindicación que busque mejorar los salarios u obtener beneficios materiales, económicos o profesionales relacionados con las condiciones laborales o el ejercicio de la profesión, pudiendo incluir cuestiones conflictivas”.
Al final de las discusiones, Sekkouri afirmó que estas modificaciones garantizan un acceso ampliado al derecho de huelga para todos los sindicatos, sin necesidad de que sean los más representativos, y destacó la necesidad de seguir reflexionando para alcanzar un consenso más amplio.
En una declaración a la prensa, el ministro aseguró que las discusiones sobre las enmiendas se están llevando a cabo “en un ambiente responsable y constructivo”, añadiendo que “el gobierno ha presentado un nuevo enfoque en este proyecto de ley sobre el derecho de huelga, lo que demuestra su disposición a escuchar las reivindicaciones del movimiento sindical, de los empleadores y de los ciudadanos”.
