Fuentes confiables revelaron que la Dirección General de Impuestos (DGI) está en estado de máxima alerta tras recibir información alarmante del Servicio de Investigaciones, Valorización de Datos y Programación, que señala la implicación de empresas en la organización de “incendios intencionados” con fines de evasión fiscal. Estas investigaciones amplias incluyen empresas ubicadas en Tánger, así como en otras ciudades como Casablanca, Kenitra y Agadir, en el marco de una campaña nacional para combatir la evasión fiscal y la corrupción financiera.
Según fuentes de Hespress, declaraciones fiscales sospechosas despertaron las sospechas de los servicios de control regional, que detectaron irregularidades que requerían investigaciones de campo. Estas declaraciones incluían costos financieros dudosos relacionados con pérdidas causadas por “incendios”, lo que llevó a la DGI a centrarse en la naturaleza de estos incidentes y su posible conexión con prácticas contables ilegales.
Los datos iniciales indican que estos “incendios” intencionados se utilizan como pretexto para encubrir ventas ilegales de inventarios y almacenes en el mercado negro, conocido como “nwar”. Estas operaciones permiten a las empresas incluir bienes y equipos “quemados” como costos financieros declarados, reduciendo así sus beneficios imponibles y engañando a los inspectores fiscales.
Las investigaciones revelan que Tánger es uno de los focos de estas actividades sospechosas, debido a su posición geográfica estratégica y a la dinámica de sus actividades económicas. Varias empresas en la ciudad están bajo el radar de la DGI tras descubrirse un patrón recurrente en sus declaraciones fiscales, que incluye informes de incendios misteriosos junto con la desaparición de grandes cantidades de mercancías.
Asimismo, fuentes indicaron que algunas empresas con sede en Tánger aprovechan estos incendios para manipular los informes periciales realizados a favor de las compañías de seguros, lo que les permite obtener indemnizaciones financieras injustificadas. Estas prácticas representan una forma de “ingeniería fraudulenta” que combina la evasión fiscal con el fraude a las aseguradoras.
Equipos de control de campo, compuestos por expertos e inspectores de la DGI, han iniciado auditorías de los registros contables de las empresas sospechosas, realizando visitas sorpresa a sus almacenes para verificar el estado de los inventarios. Estas investigaciones incluyen la colaboración con las autoridades locales y las fuerzas del orden para recopilar pruebas materiales sobre las causas de los incendios.
Las investigaciones iniciales han revelado redes complejas que explotan vacíos legales y una coordinación estrecha entre múltiples actores para facilitar estas manipulaciones. Entre las técnicas descubiertas se encuentran la falsificación de facturas de compra y venta, así como la sobrevaloración de los bienes declarados para aumentar las indemnizaciones recibidas de las aseguradoras o reducir los beneficios imponibles.
Si se confirman estas acusaciones, las empresas implicadas podrían enfrentarse a sanciones severas, incluidas multas financieras significativas y la remisión de sus responsables a la justicia por evasión fiscal y fraude. Este caso también podría poner de manifiesto las fallas en el sistema fiscal y de seguros en Marruecos, exigiendo el fortalecimiento de los mecanismos de control y la actualización de las normativas para evitar la repetición de tales prácticas.
A la espera de los resultados finales de estas investigaciones, Tánger, junto con otras ciudades involucradas, sigue bajo los focos, con gran expectación por descubrir el nivel de implicación de las empresas locales en estas prácticas ilegales.
