“El Reino de Marruecos, que ha sido objeto de una injusta campaña internacional de difamación, anuncia que todavía insiste en obtener una respuesta oficial de esta Organización que pretende defender los derechos humanos: una respuesta que incluya todas las pruebas materiales en que se habría basado para atentar contra la imagen de Marruecos”, precisó el ministro en un comunicado leído tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Para este fin, el Jefe de Gobierno ha enviado una carta a la Organización para obtener una explicación sobre estas alegaciones y acusaciones, que está tratando de inventar contra Marruecos sin ninguna prueba, agregó Amzazi durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Estado encargado de los Derechos Humanos y las Relaciones con el Parlamento, El Mostapha Ramid, y el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita.
El Gobierno marroquí afirma que el Reino de Marruecos tomará las medidas necesarias para defender su seguridad nacional, así como para informar a la opinión pública nacional e internacional sobre estas alegaciones rechazadas.
El Reino de Marruecos renueva su rechazo categórico de los recientes informes de Amnistía Internacional, ya que están vinculados a una agenda que no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos como valores universales; mencionando en particular “sus informes emitidos en octubre de 2019 y junio de 2020, que contradicen deliberadamente el curso de la historia y las orientaciones de la comunidad internacional, que no ha dejado de elogiar y apreciar los esfuerzos y las iniciativas de Marruecos en diferentes ámbitos, especialmente de los derechos humanos”.
Al Reino de Marruecos, prosigue el Gobierno, no se le escapa el telón de fondo de este ensañamiento sistemático en su contra, y sabe quienes no escatiman esfuerzos para ofender los logros del país en materia de desarrollo y derechos humanos.
Las autoridades marroquíes habían pedido a Amnistía Internacional presentar las supuestas pruebas en que se basó para emitir su informe tendencioso, el 22 de junio de 2020, que contenía alegaciones graves y tendenciosas contra el Reino de Marruecos, especialmente con respecto a su afirmación de que un periodista marroquí fue víctima de una operación de espionaje por las autoridades marroquíes, al someter su teléfono a múltiples ataques utilizando una tecnología sofisticada de una empresa extranjera.
Como se había previsto, y después de cinco días, Amnistía Internacional no ha aportado ninguna respuesta o prueba que demostrara sus alegaciones, señala el Gobierno para precisar que ante esta dilación, que refleja la confusión y la implicación de Amnistía Internacional, el Reino de Marruecos no puede sino ubicar este informe en su verdadero contexto, relacionado con:
– Por un lado, el ensañamiento sistemático y continuo durante años contra los intereses de Marruecos y la subestimación de su progreso y sus logros reconocidos internacionalmente, especialmente en materia de derechos humanos. Este ensañamiento de Amnistía ha rebasado todos los límites, cuando esta organización ha procurado convertirse en actor político en la escena marroquí, impulsada por partes conocidas y rencorosas contra las instituciones nacionales marroquíes.
– Por otro lado, intentando instrumentalizar la situación de un periodista marroquí en prácticas, Amnistía Internacional ha pretendido que este último fue objeto de la operación de espionaje antes citada. Se trata del mismo periodista en prácticas que es objeto de una investigación judicial por comprometer presuntamente la seguridad del Estado, por sus vínculos con un oficial de enlace de un país extranjero, cuya verdadera identidad el Reino de Marruecos se reserva a revelar, de acuerdo con los usos y tradiciones de la comunidad internacional.
Se trata del oficial que estaba detrás las filtraciones en julio de 2013 en relación con su verdadera identidad, después de trabajar bajo cobertura diplomática desde 1979 en focos de tensión en todo el mundo.
El Consejo del Gobierno, reunido bajo la presidencia del Jefe de Gobierno, Saad Dine El Otmani, examinó el informe de Amnistía Internacional del 22 de junio al final de sus trabajos.
