El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunciará el viernes si adelanta las elecciones legislativas, después de que la derecha y los independentistas catalanes tumbaran este miércoles en el Parlamento su proyecto de presupuestos para 2019.
Las elecciones serían las terceras en tres años y medio si se decide a convocarlas Sánchez, quien lleva poco más de ocho meses en el poder y apostaba por el éxito de este presupuesto para agotar la legislatura, a mitad de 2020.
La situación se precipitó cuando este miércoles la cámara baja votó seis enmiendas a la totalidad, presentadas contra el proyecto de presupuestos del Estado.
El gobierno defendió el texto por su calado social, pero con 191 votos a favor y 158 en contra, las enmiendas prosperaron, por lo que los primeros presupuestos presentados por Sánchez fueron rechazados.
Ante este escenario, el mandatario anunciará el viernes si adelanta las elecciones legislativas, indicó una fuente del ejecutivo. Entre las fechas posibles se especula con el 28 de abril o el 26 de mayo, coincidiendo en este caso con los comicios municipales, regionales y europeos.
“Es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones generales”, dijo metiendo presión el líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado.
“Hay que echar a Sánchez”, abundó Albert Rivera, presidente del partido liberal Ciudadanos.
Sánchez llegó al poder en junio, gracias a una exitosa moción de censura contra su predecesor conservador Mariano Rajoy, hundido por una sentencia judicial por corrupción contra su partido, el PP.
La moción prosperó con el apoyo de la izquierda radical de Podemos, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. Sánchez tomó así las riendas del gobierno más minoritario de la democracia española, con sus 84 diputados socialistas de 350 en la cámara baja, sobre una base heteróclita que en las últimas semanas se le resquebrajó del lado catalán.
El adelanto electoral se perfila al día siguiente de que se abriera ante el Tribunal Supremo, en Madrid, el proceso contra 12 líderes separatistas catalanes por su implicación en el frustrado intento de secesión de 2017.
Un juicio histórico que tensó al extremo la relación entre el ejecutivo español y los 17 diputados independentistas catalanes de la cámara baja, indispensables para que los presupuestos prosperaran.
El propio Sánchez se esforzó en estos ocho meses en dialogar con los separatistas en el poder en Cataluña. Pero el diálogo quedó roto con la exigencia de estos de negociar el derecho de autodeterminación, inadmisible para Madrid.
Y es que según el analista Antonio Barroso, del gabinete londinense Teneo, “el coste de un giro moderado” era “demasiado alto” para los independentistas, que temían “ser acusados de traidores” si se daban la vuelta a última hora para apoyar el presupuesto de Sánchez y darle oxígeno.
En los últimos días, el gobierno adoptó un tono propio de campaña electoral, acusando a la derecha y a los independentistas de oponerse a unos presupuestos que según defendió representaban una recuperación de derechos tras la era Rajoy (2011-2018).
“Tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos Presupuestos sociales. Ambos quieren lo mismo: una Cataluña enfrentada a sí misma y una España enfrentada a sí misma”, tuiteó el martes Pedro Sánchez, anticipando ya el resultado de este miércoles.
Varios sondeos, el último de ellos publicado el miércoles en eldiario.es, vaticinan que en caso de adelanto podría configurarse una mayoría conservadora en el Parlamento formada por PP, Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox.
Antonio Barroso advirtió no obstante que una eventual negociación entre PP, Ciudadanos y Vox no sería “tan evidente como la gente piensa”. Los ultraderechistas, que han ganado espacio cargando enérgicamente contra el feminismo y el separatismo catalán, “no pondrían las cosas fáciles”, avisó.
Y en cualquier caso, “el Parlamento que viene va a ser igualmente fragmentado” que el actual o el que tuvo que enfrentar Rajoy en su segundo mandato, lo que significa que “tendremos un problema a la hora de implementar legislación”.
